IDHUCA: Estado salvadoreño avala ejecuciones extrajudiciales 

Uno de los demandantes contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ejecuciones extrajudiciales, el abogado Arnau Baulenas, sostiene que altos funcionarios del poder ejecutivo, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa están cometiendo patrones de impunidad y permisividad que favorecen la actuación de los agentes de seguridad y las fuerzas armadas, al margen de la ley.

“La Policía Nacional Civil desde 2014 hasta 2016 terminó con la vida de más de 1.415 personas; estos son datos objetivos obtenidos a través del Instituto de Acceso a la Información pública. En la actualidad no hay ni un sólo policía que esté condenado por estos hechos. Además, todo parece indicar que por parte de altos funcionarios, el Ministro, Viceministro, se está avalando esta práctica”, señaló Arnau este domingo en el programa FOCOS, que se transmitió a las 7:30 de la noche en Canal 33 (7 en cable). 

Como coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el abogado asistió el pasado martes en compañía del Servicio Social Pasionista a una audiencia de la CIDH en México para denunciar al Estado por su “actuación cómplice” ante los hechos de ejecuciones sumarias que ya han sido investigados y sentenciados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

“¿Por qué decimos que se están avalando? Porque más allá de la retórica, no vemos hechos claros, precisos y determinantes a poner ante la justicia a estas personas. Y por lo tanto, en el momento en que se están tolerando; que no se está dando acceso a las víctimas; que se están protegiendo con reformas legales a quienes actúan al margen de la ley, concluimos que todo parece indicar que hay una política, no de forma expresa, pero hay una política implícita que está avalando”, puntualizó. 

Arnau señaló que han identificados casos en los que la Fiscalía, por ejemplo, ha cerrado la investigación a pesar que la víctima presentó 29 disparos por la espalda; otros en el que la Fiscalía ni siquiera entrevista a familiares de los asesinados o a grupos cercanos. Confirma, con base a datos oficiales, que 69% de los policías procesados por homicidio han sido sobreseídos provisional o definitivamente. “Cuando una persona tiene 29 disparos en la espalda, creo que nadie en su sano juicio puede afirmar que estamos ante un enfrentamiento”, cuestionó.

El abogado finalmente explicó que el país cumple con dos de los parámetros que usan los investigadores internacionales para determinar si se están cometiendo ejecuciones sumarias: indicador de letalidad y relación entre número de pandilleros muertos y agentes caídos. Mientras la correlación “positiva” debe ser entre 10 y 15 personas fallecidas por un policía muerto durante enfrentamiento, en El Salvador fallecen 59 personas por cada agente, según datos de 2016. 

Arnau insistió en aclarar que no hay una práctica generalizada de todos los agentes de la PNC y la Fuerza Armada, sino una tolerancia y complicidad para dejar estos casos bajo la impunidad.